El 27 de febrero, el Gobierno dio a conocer el índice de referencia que regulará el precio de los alquileres en las zonas declaradas como tensionadas, en toda España y que estábamos pendientes de conocer desde que en mayo de 2023 entrase en vigor la Ley de Vivienda 12/2023.

Sin embargo, conviene precisar que hasta la fecha, únicamente Cataluña se ha mostrado interesada en aplicar el índice -y en consecuencia, en limitar de los precios de los alquileres- mientras que el resto de Comunidades se han negado a declarar ninguna zona de su territorio como tensionada.

El índice se puede consultar a través de la página web del Ministerio de Vivienda https://serpavi.mivau.gob.es/ y resultará de aplicación a partir del próximo 13 de marzo, una vez que se publique en el Boletin Oficial del Estado. A partir de entonces y de acuerdo con lo que prevé la Ley, tendrá una vigencia de tres años prorrogables “si persisten las tensiones en los precios”.

Con el nuevo índice, en las zonas designadas como tensas, se aplicará un límite máximo al precio de los nuevos contratos de alquiler de viviendas. Así pues:

• Los propietarios que no ostenten la condición de gran tenedor, deberán congelar el precio, esto es, no podrán fijar un precio superior al del último contrato vigente -a salvo de la actualización máxima del 3% que la Ley permite-.

• Los grandes tenedores deberán estar al límite máximo establecido en la zona, es decir, que el precio del alquiler no podrá superar el índice de referencia, con independencia de lo que hayan cobrado hasta ese momento.

En cuanto a Cataluña, aun siendo la única Comunidad interesada en esta limitación, la Generalitat manifestó ayer no estar conforme con la metodología aplicada por el Gobierno ya que ofrece “un rango alto y uno bajo”. Es decir, que para cada inmueble no fija un precio estándar, sino una horquilla que, según los cálculos de la Generalitat, “en muchos supuestos supera el 45%”. Por ejemplo, para una vivienda en la calle Valencia de Barcelona, la horquilla se encuentra entre los 1.660€ y los 984€ que establece el índice de referencia.

Por lo tanto, la posición de la Generalitat es que el sistema propuesto por el Gobierno hará que los propietarios opten por el tope más alto y los precios no bajen, con lo que considera la medida como insuficiente.

Lo que Cataluña propone es fijar un precio fijo en función de las fianzas depositadas en el Incasòl, de acuerdo con lo que recogía la Ley Catalana de Vivienda 11/2020, que no obstante, fue declarada inconstitucional por apropiarse de competencias del Estado.

A salvo de lo que la Generalitat anuncie en los próximos días, lo que ya podemos confirmar es que en Cataluña, este límite en la fijación de precios de alquiler afectará a 140 municipios entre los que se encuentran Barcelona, casi todas las localidades del área metropolitana y las cuatro capitales de provincia, que han sido declarados oficialmente zonas de mercado tensionado.