El compromiso de los estados ante el cambio climático y la creciente normativa sobre la economía de impacto.

La lucha contra el cambio climático es uno de los grandes retos del siglo XXI que solo puede resolverse de forma colectiva. Es por ello que en los últimos años los gobiernos de todo el mundo han acordado adoptar medidas con el fin de hacer frente al cambio climático. Uno de los acuerdos más relevantes tuvo lugar en 2015 con el Acuerdo de Paris sobre el Cambio Climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el que los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron un plan de acción compuesto por 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), divididos a su vez en 169 metas.

Con el fin de dar cumplimiento a dicho compromiso, la UE desarrolló un acuerdo marco conocido como el Pacto Verde Europeo, en el que se establece como objetivo alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono en 2050.

Sin embargo, la Unión Europea es consciente que para la consecución de dicho objetivo es necesario la implementación de planes que impulsen proyectos sostenibles conllevando todo ello un coste económico. Es por ello que en 2018 la UE aprobó el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, estableciéndose tres objetivos principales:

  • Reorientar los flujos de capital hacia una economía más sostenibles.
  • Integración de la sostenibilidad en la gestión de riesgos
  • Fomentar la transparencia y el largoplacismo.

 

En definitiva, el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles busca canalizar fondos a proyectos y negocios más sostenibles que permitan realizar la transición a una economía con un mayor impacto social y medioambiental. El Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, que parte del Pacto Verde Europeo, establece la movilización de un mínimo de 1 billón de euros en inversiones sostenibles durante la próxima década con cargo al presupuesto de la Unión Europea. Asimismo, cada vez más los inversores valoran aquellas empresas que apuestan por el impacto social y medioambiental, siendo un aspecto más a tener en cuenta a la hora de decidir en qué proyectos invertir.

Para facilitar el flujo de capitales desde los inversores públicos y privados hacia proyectos y empresas sostenibles es necesario un marco normativo que impuse el plan de acción de finanzas sostenibles en la Unión Europea. Son varias las recientes normativas e iniciativas legislativas por parte de la Unión Europea que tratan de dotar de seguridad jurídica al sistema, tales como, el Reglamento sobre Taxonomía que busca armonizar los criterios para determinar si una actividad económica se considera medioambientalmente sostenible, o el Reglamento sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, que establece normas de transparencia y evaluación de riesgos de sostenibilidad, o la nueva Directiva (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022, sobre información corporativa en materia de sostenibilidad, que obliga a todas las grandes empresas de la UE a divulgar información sobre el impacto de su actividad en las personas y el plantea y sobre los riesgos de sostenibilidad que afronten.

Asimismo cada vez son más los países que han optado por aprobar leyes para impulsar la economía de impacto, entre ellos España quien, por ejemplo, con la reciente aprobación de la Ley Crea y Crece ha introducido un nuevo tipo societario en el sistema jurídico español, las denominadas Sociedades de Beneficio de Interés Común (SBIC) cuyo objetivo es identificar aquellas sociedades mercantiles que no solo buscan la consecución de fines económicos sino que también tratan de obtener un impacto social y medioambiental.

Si bien en los últimos años se han puesto en marcha diferentes iniciativas, tanto desde el sector público como desde el privado con el fin de mitigar el impacto medioambiental, queda mucho trabajo por hacer para lograr un futuro sostenible.

Inés de Martí Villalba

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