La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las sanciones desproporcionadas que se establecen en caso de no cumplir con la obligación de informar de los bienes y derechos que se tengan en el exterior, es decir, en caso de no cumplimentar correctamente el Modelo 720.

El comunicado de prensa de la Comisión Europea, explica que en la actualidad España exige que los contribuyentes residentes notifiquen los activos que poseen en el extranjero, tales como propiedades, cuentas bancarias y activos financieros.

La no presentación de esta información a tiempo y en su totalidad está sujeta a sanciones superiores a las impuestas por infracciones similares en una situación puramente nacional. Estas sanciones, destaca la Comisión, incluso pueden superar el valor de los activos poseídos en el extranjero.

Por ello, la Comisión Europea considera que estas sanciones por el cumplimiento incorrecto o tardío de esta obligación de información legítima son desproporcionadas y discriminatorias. Pueden disuadir a las empresas y a los particulares de invertir o circular a través de las fronteras en el mercado único.