En los últimos días en los medios de comunicación, gracias a los dos informes periciales presentados al Juez Instructor de la Audiencia Nacional del “caso BANKIA”, Fernando Andreu, las cuentas individuales y consolidadas del Grupo BFA-Bankia vuelven a estar en el orden del día.

Ambos informes analizan los estados financieros presentados por el grupo en los distintos momentos clave de la entidad que la han llevado a la situación actual: la Integración de las Cajas de Ahorro (SIP), la Salida a Bolsa, la Intervención del Banco de Valencia, la Formulación de las cuentas de 2011 y su Reformulación.

No obstante, los análisis practicados se hacen desde puntos de vista distintos. Uno de los informes periciales se plantea si la entidad tenía la información o pudo obtener la información en su momento para registrar el deterioro de sus activos cuando correspondía. El otro, en cambio, ofrece un análisis desde la perspectiva del cumplimiento de la normativa contable de las cuentas presentadas en los distintos momentos clave de la entidad.

Las conclusiones a las que llegan son coincidentes. Por un lado, uno de los peritos considera que los estados financieros presentados por el Grupo BFA-Bankia no expresaban una imagen fiel de la entidad, aún disponiendo de la información o pudiendo disponer de ella con anterioridad a la presentación de dichas cuentas.  Por otro lado, el segundo informe pericial concluye que las cuentas anuales individuales y consolidadas del BFA y de Bankia no cumplen con la normativa del Banco de España debido a la existencia de Errores Contables.

Resulta muy relevante que ambos informes periciales apuntan a la responsabilidad de los Consejos de Administración de la entidad, tanto el presidido por Rodrigo Rato como el presidido por Ignacio Goirigolzarri.

Uno de los informes va más allá y destaca el papel de los Auditores de Cuentas que avalaron los estados financieros  presentados con Errores Contables sin indicar ningún tipo de salvedad.

Estos informes aportan una información técnica muy detallada y relevante sobre el “caso Bankia”; más allá de la eventual responsabilidad de los consejos de administración, a buen seguro servirán de argumentos para las reclamaciones de particulares perjudicados por la compra de acciones de la entidad.