Adaptación de las distintas legislaciones a las criptomonedas

 

Este pasado mes de enero ha sido noticia que la Dirección General del Registro y Notariado ha aceptado como objeto social de una sociedad la minería de criptomonedas, previa negativa del Registrador Mercantil. Poco a poco las distintas legislaciones van tomando posiciones frente a este tipo de activos. 

La UE, se encuentra en proceso de regular los servicios de criptoactivos, a través del Reglamento MiCA (Siglas de markets in crypto-assets), si bien su entrada en vigor no se espera hasta el 2024. El proyecto de reglamento europeo, además de regular este tipo de activos, prevé un procedimiento simplificado para reconocer a los proveedores autorizados según la normativa propia de los distintos países, por lo que parece indicar que fomenta la regulación previa de cada estado miembro. En España existe una ley con el fin de evitar el fraude fiscal que, entre otras medidas, establece la obligación de los operadores de criptomonedas de informar de saldos y titulares, si bien falta su desarrollo mediante reglamento y parece que se esta esperando al Reglamento Europeo, en vez de coger la iniciativa. En otros países europeos ya se esta actuando para contar con un marco regulatorio más completo; por ejemplo, en el caso de Portugal se ha optado por facilitar el procedimiento, así como establecer una fiscalidad atractiva para atraer a sociedades de servicios cripto y así posicionarse en una situación de ventaja frente a otros estados miembros. 

En Estados Unidos se están preparando para adoptar toda una serie de medidas para este año 2022. Los organismos de control y supervisión del sistema financiero, la Reserva Federal (Fed) la oficina del Controlador de la moneda (OCC) y la Corporación Federal de seguros para depósitos (FDIC), informaron a finales del año pasado la adopción de una serie de medidas que clarifiquen que tipo de actividades con criptoactivos van a tener el respaldo de la administración. Todo parece indicar que, si bien se va a limitar y regular ciertas actividades, no parece a priori que vayan a prohibir la actividad de este tipo de empresas, entre las que se encuentran las más importantes  del mundo. 

Si nos vamos a Rusia, la situación ha dado un vuelco enorme hace pocos días ya que después de declarar, hace menos de un mes, que iba a prohibir toda actividad con criptomonedas, el banco central y el gobierno ruso han dado un giro acordando regular las criptomonedas de forma análoga a una divisa y no como un activo financiero digital. Con esta medida, existirá la obligación de declarar este tipo de activos, con la idea que aflore la economía cripto, así como se ha regulado que los cambios de criptomonedas deberán realizarse únicamente por “exchanges” (casas de cambio) que tengan licencia para operar en Rusia. 

Por último, China, es el país que más contundentemente ha regulado la prohibición de criptomonedas, tanto su minería, emisión y uso, así como su publicidad. La prohibición de las criptomonedas por parte de las autoridades chinas ha sido motivada por su alto consumo eléctrico, ausencia de control y opacidad para actividades delictivas, así como la competencia que estos activos hacen al nuevo yuan digital. Si bien otros países están desarrollando su divisa digital, China es el país en el que más avanzado tiene su proyecto de divisa digital, con el fin de evitar la circulación de efectivo, así como aflorar la economía sumergida. En definitiva, China ha visto al mundo cripto como una amenaza al control de su economía y no lo va a permitir, si bien ha adoptado tecnología blockchain, incluso la posibilidad de emitir de NFTs, denominados “digital collectibles”, pero todo ello bajo su control. 

En definitiva, a día de hoy, aparte de experimentos como el de El Salvador que adoptó el Bitcoin como divisa el año pasado, todo parece indicar que mientras el mundo occidental se decanta por una regulación de las criptomonedas con el fin de que exista más transparencia y seguridad para sus usuarios, China, al igual que sucedió con internet, va por su lado con un cierre total de sus fronteras a este tipo de activos globales, con el fin de crear los suyos propios bajo su control y seguridad. 

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