Los días 26 a 29 del pasado mes de junio tuvo lugar -organizado por ICEX y magníficamente coordinado por la Oficina Económica y Comercial de España en Bangkok- el primer partenariado multilateral Myanmar – España, celebrado en Rangún (Yangón), actual capital económica del país.

Este país del sudeste asiático, de 54 millones de habitantes, se encuentra en pleno proceso de transición política y económica, habiendo superado años de dictadura militar y sanciones internacionales que, con el agravante de los conflictos militares internos y los desastres naturales recientes, lo sumieron en la pobreza.

La antigua Birmania, un país ubicado en una posición geoestratégicamente privilegiada, en la confluencia de China e India, y que posee abundantes recursos naturales (petróleo, gas natural, cobre, zinc, estaño, madera, etc.), quiere resurgir de sus cenizas y ansía transformarse en una economía de mercado.

Tras la disolución de la junta militar en 2011 se puso en marcha un programa de reformas que ha continuado tras las elecciones de 2015. En su esfuerzo por hacer espacio a las fuerzas del mercado y atraer inversión extranjera, el nuevo gobierno presidido por Thein Sein emprendió una muy necesaria labor de reforma del marco jurídico y fiscal, destacando, en este sentido, la Ley de inversiones extranjeras de 2012. A pesar del positivo efecto inmediato que tal ley supuso -enmarcada en el proceso de transición democrática que llevó a la Liga Nacional por la Democracia al poder en 2015- el sistema aún adolecía de importantes barreras administrativas, por lo que ha sido sustituida en octubre de 2016 por la nueva Ley de inversiones extranjeras, firmada por el nuevo presidente, U Htin Kyaw, y que ha entrado en vigor en abril de 2017. Junto con las normas de desarrollo (Myanmar Investment Rules) implementadas por la reciente Notification 35/2007, se garantiza a las empresas extranjeras la no discriminación e igualdad de trato, la repatriación de beneficios y el respeto al derecho de propiedad.

La Myanmar Investment Commission (MIC) es el órgano dependiente del DICA (Directorate of Investment and Company Administration) responsable de aprobar los distintos proyectos de inversión. En cualquier caso, e independientemente del tipo de inversión, es necesario obtener del DICA un Permit to trade[1], suerte de licencia de actividad para extranjeros, y un certificado de constitución del vehículo societario elegido.

En este sentido, cabe la opción de constituir una filial como sociedad birmana de 100% capital extranjero, una sucursal, o una Joint Venture, atendiendo a lo que disponga la Foreign Investment Law al respecto, y existiendo diferentes requisitos de capital social mínimo, ya para empresas de servicios u oficinas de representación de bancos y de aseguradoras, ya para aquellas que operen en el sector industrial, de la hostelería o construcción.

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[1] Término que induce a error, puesto que las actividades puramente comerciales sólo pueden llevarlas a cabo personas físicas o jurídicas locales.