El pasado 23 de marzo, el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Oviedo ha dictado la primera sentencia que anula la compra por un particular de acciones del Banco Popular.

En la referida sentencia se  ha resuelto el caso de un hombre de 69 años, ya jubilado, que había sido cliente de Banco Popular durante más de 30 años, que tenía sus ahorros repartidos entre depósitos, fondos de inversión y acciones de la entidad y que había acudido a la ampliación de capital de 2016 habiendo efectuado también compras posteriores y había contratado obligaciones subordinadas en julio de 2011.

En cuanto a las acciones, el juez ha considerado que existía una «notable diferencia» entre la situación patrimonial y financiera del Banco Popular, que determinó su intervención meses después, y la expresada en el folleto de la oferta pública, «donde se erigía en el banco más rentable del mercado español, si bien en atención a determinados parámetros». Y que el demandante, de haber tenido conocimiento del estado real de la sociedad, no habría invertido sus ahorros y que carecía de medios para conocer cuál era la real situación contable, al ser un pequeño inversor «sin conocimientos financieros».

Conviene destacar que el juez ha advertido que no se puede estimar el argumento esgrimido por parte de Banco Popular de que su actuación fue aprobada por la CNMV, dado que la superación de los controles de los organismos supervisores y de la normativa sectorial «no añade nada» al hecho de que la entidad presentó a los potenciales compradores de acciones «una imagen de solvencia que no se ajustaba en modo alguno a la realidad».

El juez considera que deben reputarse nulas las contrataciones efectuadas, procediendo devolver al cliente la totalidad de lo invertido más el interés legal y debiendo restituir éste los rendimientos percibidos.

La señalada sentencia sienta las bases sobre las que procede sustentar la reclamaciones de los miles de afectados por la pérdida de sus inversiones en Banco Popular y promete ser la primera de muchas que van a resolver sobre este asunto, que se asemeja de manera muy notable a lo acontecido en el año 2011 con Bankia coincidiendo con la salida a Bolsa de la entidad y que se resolvió de manera favorable para todos los afectados.