El Gobierno no ha incluido entre sus medidas fiscales de final del año 2017 la normativa que prorroga de forma anual el Impuesto sobre el Patrimonio.

Así pues, a día de hoy lo que dice la normativa es que desde el 1 de enero de 2018 el Impuesto sobre el Patrimonio está bonificado al 100% en toda España y nadie debe pagarlo.

Todavía existe margen para aprobar la prórroga sin caer en la retroactividad. En cualquier caso, sería muy recomendable para la seguridad jurídica y la certidumbre en general que debería regir el sistema fiscal que los contribuyentes supieran ya, al iniciar el ejercicio, si en este propio año 2018 deberán pagar o no el citado impuesto.

Con carácter general, el Impuesto sobre el Patrimonio se aplica sobre contribuyentes que poseen una riqueza neta superior a los 700.000 euros, aunque Comunidades como Cataluña o Extremadura han rebajado el umbral a 500.000 euros y, Aragón, a 400.000 euros. Madrid es la única autonomía que ha optado por bonificar totalmente el impuesto, lo que significa que los contribuyentes madrileños no pagan el tributo, haya o no prórroga del mismo.

En cualquier caso, todo indica que el Impuesto sobre el Patrimonio, que se introdujo por primera vez en España en 1977 bajo la premisa de que se trataba de un tributo excepcional y temporal se mantendrá en el sistema fiscal español al menos en el medio plazo.